Después de ambas muertes, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) se comprometió a implementar exámenes médicos adicionales para los niños bajo custodia. Sin embargo, en su investigación de un año sobre la muerte de Felipe, la Oficina del Inspector General (OIG) pasó por alto el importante papel que jugó el lenguaje en la tragedia. El informe ignoró el hecho de que la familia de Felipe hablaba principalmente Maya Chuj, no castellano. Según una declaración jurada del DHS, al padre de Felipe no se le proporcionó un intérprete, lo que le impidió comunicar los síntomas de su hijo. Esta negligencia genera serias preocupaciones sobre la precisión de las evaluaciones médicas del DHS y resalta el gran problema de la eliminación de la identidad Indígena.

Las muertes de Jakelin y Felipe plantean la pregunta: ¿Cuántas vidas de otros niños Indígenas se han puesto en riesgo debido a que se les identificó erróneamente y se les negó lo supuestamente garantizado por los Planes de Acceso al Idioma del DHS? 

Según el Consejo de Relaciones Exteriores, entre enero y mayo de 2024, Guatemala representó la segunda nacionalidad más grande de migrantes después de México, con 86.000 personas que llegaron a la frontera suroccidental. Sin embargo, los datos sobre el número de personas Indígenas Mayas de Guatemala siguen sin estar muy claros, principalmente porque el DHS no distingue a los individuos Indígenas de sus contrapartes no Indígenas en sus registros. Esto conduce a un apoyo lingüístico inadecuado durante el procesamiento de las personas Indígenas bajo custodia.

El 11 de agosto del 2000, el entonces presidente Bill Clinton emitió la Orden Ejecutiva 13166, ordenando a las agencias federales, incluido el DHS, brindar acceso a servicios lingüísticos a personas con dominio limitado del inglés (LEP por sus siglas en inglés). Así, el primer Plan de Acceso Lingüístico, desarrollado en el 2012, tuvo como objetivo cumplir con la orientación proporcionada por el DHS en abril del 2011. Esta guía, titulada “Orientación del DHS para los beneficiarios de asistencia financiera federal con respecto a la prohibición del Título VI contra la discriminación por origen nacional que afecta a personas con dominio limitado del inglés”, declaraba que “el Plan LEP establece una política de acceso lingüístico para el Departamento y crea un sistema para brindar acceso significativo a personas LEP dentro del DHS”; también “describe los esfuerzos existentes de acceso al idioma del Departamento y las medidas adicionales que el DHS tomará para mejorar los servicios lingüísticos para personas LEP en todas sus operaciones, servicios, programas y actividades”. Sin embargo, en la práctica, esto no se aplica; y la ausencia de servicios lingüísticos para las personas Indígenas no solo pone en peligro sus vidas, sino que borra sus identidades culturales.

La indignación provocada por las muertes de Jakelin y Felipe destacó la urgente necesidad de abordar las fallas sistémicas en la prestación de servicios lingüísticos adecuados a las personas migrantes Indígenas. 

Como parte del Plan de Acceso Lingüístico 2023, el Departamento de Seguridad Nacional colaboró ​​con líderes de comunidades de Indígenas migrantes para desarrollar su primer Plan de Lenguas Indígenas. Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar el acceso lingüístico para los migrantes Indígenas de América Latina que participan en los programas y servicios del DHS. Sin embargo, aún está por verse si este esfuerzo ha resuelto completamente el problema de larga historia de los servicios lingüísticos inadecuados. 

El acceso al idioma va más allá de la traducción; se trata de abordar las necesidades y derechos únicos de los niños detenidos en la frontera. No es un privilegio, sino una necesidad. Para los niños Indígenas bajo custodia estadounidense puede ser una cuestión de supervivencia. Sus historias sirven como un claro recordatorio de la urgente necesidad de proteger los derechos y las vidas de todos los niños, en particular los de comunidades vulnerables.