Las muertes de Josseli Barnica (2021), de 28 años, y Naveah Crain (2023), de 18 años, hicieron noticia como tragedias evitables, consecuencia del retraso en la atención médica durante abortos espontáneos. Tanto Barnica como Crain buscaron tratamiento médico en su estado natal de Texas, donde desde el 2021 está en vigor una prohibición del aborto que penaliza la intervención cuando no hay pruebas de latido fetal detectable (Jaramillo & Surana; Presser & Surana). El 24 de junio de 2022, la decisión del Tribunal Supremo en el caso Dobbs v. Jackson Organización de la Salud de la Mujer (Women’s Health Organization) anuló Roe v. Wade (1973) y Planned Parenthood v. Casey (1992) al argumentar que la Constitución no protegía el derecho al aborto de la madre biológica. Tras la decisión de Dobbs, varios estados redoblaron la limitación de los derechos reproductivos. Al momento de redactar este artículo, 13 estados han prohibido totalmente el aborto y ocho más lo han restringido gravemente (Choi & Cole). Después de Roe en los “E.E.U.U”, las decisiones reproductivas se han puesto en manos de legisladores y fiscales, poniendo en mayor riesgo la vida de las personas que dan a luz. En Texas, donde los abortos están prohibidos desde el 2021*, la tasa de mortalidad materna aumentó un 56% entre el 2019 y el 2022 (Edwards, Essamuah, & Kane).   

Utilizar las leyes para controlar la reproducción y limitar la autonomía corporal no es algo nuevo. Tampoco lo es utilizar la ciencia como pretexto para legitimar políticas racistas, sexistas y antisemitas. Los llamados “Estados Unidos” tienen una larga historia de hacer ambas cosas. Aunque es bien sabido que durante la Segunda Guerra Mundial la política nazi se centró en eliminar a personas “indeseables” para propagar una raza aria pura, esta visión no fue exclusiva del Tercer Reich. La eugenesia, una pseudociencia sin ética que tuvo su apogeo entre los años 1880 y 1950, fue un movimiento popular en los “EE.UU.”. (Agtuca; Black; Manjeshwar). De hecho, Adolf Hitler tomó como modelo las leyes eugenésicas estadounidenses y elogió el movimiento eugenésico estadounidense en su autobiografía de 1924, Mein Kampf (Black; Ko). 

El determinismo biológico del movimiento eugenésico llevó al estado de Indiana a aprobar la primera ley de esterilización en 1907, que otorgaba a las instituciones el derecho a esterilizar a las poblaciones marginadas consideradas no aptas para reproducirse. Otros 31 estados aprobaron leyes similares (Stern). En 1927, Carrie Buck, una adolescente internada involuntariamente por “debilidad mental”, presentó una demanda tras ser esterilizada después de dar a luz a un niño nacido fuera del matrimonio. En el caso Buck contra Bell, el Tribunal Supremo confirmó el derecho de un estado a obligar a la esterilización (Agtuca; Ko; Manjeshwar). Esta sentencia que sigue vigente hoy en día, abrió el camino para las leyes estatales que permiten la esterilización involuntaria de personas marginadas. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho internacional prohibió la eugenesia, pero eso no puso fin a los esfuerzos por controlar y limitar los derechos reproductivos en los “EE.UU.”.  En 1970, el Congreso aprobó la Ley de Servicios de Planificación Familiar e Investigación Demográfica, que, bajo la apariencia de “planificación familiar”, financiaba federalmente las esterilizaciones para familias con bajos ingresos o sin seguro médico (Agtuca; Bolton & Unger; Knispel).

Cuando la Dra. Connie Pinkerton-Uri, médica de ascendencia Cherokee y Choctaw, recibió en 1972 a una mujer Indígena de 26 años que solicitaba un “trasplante de útero” tras haberse sometido a una histerectomía a los 20 años, se dio cuenta de que algo no iba bien. La Dra. Uri se enteró de que el motivo por el que la joven había sido esterilizada sin su consentimiento informado era su alcoholismo y la determinación de que no era apta para ser madre de sus dos hijos (“Woman; 442; Concerns of American Indian Women”). La Dra. Uri empezó a notar un patrón entre las mujeres Indígenas, lo que la llevó a investigar las esterilizaciones realizadas por los Servicios de Salud Indígena (IHS), un proveedor federal de atención sanitaria para las personas Indígenas en los “EE.UU.”. La Dra. Uri descubrió que una de cada cuatro mujeres Indígenas fue esterilizada de forma coercitiva, forzada o sin saberlo, y sugirió que el IHS tenía como objetivo específicamente a las mujeres Indígenas de pura sangre (Bolton & Unger; Hoeman; «Woman; 442»). Si bien el IHS proporcionó un elevado número de esterilizaciones a la población nativa desde su creación en 1955, el número aumentó una vez que el gobierno “estadounidense” subvencionó las esterilizaciones según la ley de los años setenta. Solo en la reserva Diné (“Navajo”), el número de esterilizaciones se duplicó entre 1972 y 1978 (Knipsel).

Bajo la creciente presión de las mujeres activistas Indígenas, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO) llevó a cabo una investigación y confirmó que se habían realizado 3.406 esterilizaciones entre 1973 y 1976 (Rutecki). Sin embargo, la GAO solo investigó cuatro de las 12 instalaciones del IHS, no entrevistó a ninguna de las mujeres que realmente habían sido esterilizadas y pasó por alto las esterilizaciones contratadas a médicos ajenos al IHS. Este informe incompleto dio lugar a nuevas investigaciones. Otras investigaciones independientes descubrieron que, entre 1970 y 1976, al menos el 25% de todas las mujeres nativas en edad fértil fueron esterilizadas, y algunas pruebas apuntan a un porcentaje de hasta el 50% (Bolton & Unger; Knipsel; Rutecki; Theobald).    

En 1977, Marie Sánchez, jueza principal de la tribu Cheyenne del norte en aquel momento y miembro fundadora del grupo activista Mujeres de Todas las Naciones Rojas (WARN), se dirigió a las Naciones Unidas en Ginebra, durante la Conferencia sobre los pueblos Indígenas de las Américas, para llamar la atención sobre esta ‘“forma moderna” de genocidio’ que se estaba produciendo en los “EE.UU.”. (Bolton & Unger; Theobald). Para Sánchez, la esterilización forzada de las mujeres Indígenas formaba parte de una larga historia de colonialismo y, en última instancia, del intento secular del gobierno de erradicar a la población Indígena para ganar el control de la tierra (Bolton & Unger; Theobald; “Woman; 442”).

La expansión hacia el oeste a principios del siglo XIX provocó el desplazamiento de las personas Indígenas de sus tierras ancestrales. A medida que los colonos blancos se desplazaban hacia el oeste, se promulgaron leyes para expulsar por la fuerza a las comunidades Indígenas y reubicarlas en “reservas” (“Indian Reservations”). Los ataques selectivos y la propagación de enfermedades mermaron la población Indígena. Los bebés y los niños eran especialmente vulnerables y, en muchas reservas, “las mujeres respondían teniendo más hijos a pesar de que su salud estaba comprometida” (Theobald).   

Al mismo tiempo, hubo un esfuerzo por disminuir el acceso a la atención reproductiva tradicional. Antes de la Guerra Civil (1861-1865), los abortos y los anticonceptivos eran legales y la mayoría de los servicios de salud reproductiva los daban las parteras, que eran principalmente mujeres negras, Indígenas y blancas (Goodwin). Pero tras la abolición de la esclavitud, los ginecólogos blancos intentaron excluir a las mujeres negras e Indígenas de este campo, abogando por la prohibición de las comadronas y considerándolas “una reliquia de la barbaridad” (Goodwin; “Impediments to Reproductive Justice” Impedimentos a la Salud Reproductiva). Esto obligó a muchas personas que iban a dar a luz a buscar atención reproductiva en hospitales y médicos varones blancos (Goodwin). Para la población Indígena, “los tratados firmados antes de 1871, y las órdenes ejecutivas y otros acuerdos posteriores, establecieron la responsabilidad federal de la prestación de asistencia de salud a los miembros de las tribus” (Theobald). A medida que las malas condiciones sanitarias se extendían por las reservas, el gobierno “estadounidense” creó hospitales para atender a la población Indígena. Esta creciente dependencia de la atención reproductiva no tradicional ofrecida a las personas Indígenas por los hospitales del gobierno federal las alejó aún más de sus tradiciones ancestrales.

Mientras se hacían esfuerzos por disminuir la legitimidad y el acceso a las formas tradicionales de atención reproductiva, el movimiento asimilacionista del siglo XIX se centró en “americanizar” a los jóvenes nativos a través de la educación. De 1860 a 1978, el gobierno de “Estados Unidos” financió internados para jóvenes Indígenas con el propósito explícito de alejar a los niños nativos de su tierra, su lengua y sus costumbres tradicionales. Las condiciones solían ser deficientes y los miembros de la juventud nativa eran susceptibles a enfermedades como la tuberculosis, el sarampión y la gripe. Sin acceso a una alimentación adecuada ni a atención médica, muchos niños morían (Mejía).  

En la década de 1950, la mayoría de las personas Indígenas que daban a luz recibían atención reproductiva de los hospitales del IHS, financiados por el gobierno federal (Theobald). El movimiento por los derechos civiles en defensa de los derechos de las personas negras cobró impulso en esa época. Dado que la injusticia reproductiva tiene un patrón de alineación con los avances de los derechos civiles en los “EE.UU.”, hubo un esfuerzo renovado para controlar la reproducción a través de prácticas de esterilización. A estas alturas, las mujeres nativas dependían cada vez más de los hospitales financiados por el gobierno federal para dar a luz. Cuando el gobierno federal empezó a reducir los fondos y a eliminar los servicios que beneficiaban principalmente a las poblaciones nativas, los hospitales de las reservas empezaron a disminuir y una población ya de por sí vulnerable se volvió aún más vulnerable (Theobald).

Marie Sánchez y otras personas activistas de WARN veían la injusticia reproductiva como otra forma de genocidio. Sus esfuerzos, junto con los de personas activistas negras y latinas para llamar la atención sobre las prácticas de esterilización forzosa en comunidades marginadas, condujeron en 1979 a nuevas regulaciones que, entre otras cosas, exigían a los profesionales de salud a obtener el consentimiento del paciente antes de realizar el procedimiento y aumentaba el tiempo de espera entre el consentimiento y la operación (Paz; Theobald).

La historia del racismo y el sexismo en “EE.UU.” es omnipresente y los derechos reproductivos siguen acaparando titulares. Aunque los esfuerzos de los activistas en la década de 1970 condujeron a algunas victorias, la esterilización forzada continúa entre las personas marginadas. Las injusticias reproductivas persisten para las poblaciones encarceladas en los “EE.UU.”. En el siglo XXI, se han denunciado casos de mujeres encarceladas sometidas a esterilización sin consentimiento y de madres que dan a luz a las que se niega una atención reproductiva adecuada (“Impediments to Reproductive Justice” Impedimentos a la Salud Reproductiva). En 2020, una enfermera que trabajaba en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentó una denuncia en la que revelaba que se estaban practicando esterilizaciones forzadas a mujeres inmigrantes detenidas (“Impediments to Reproductive Justice”; Manjeshwar).            

Con la renovada atención prestada a los derechos reproductivos a raíz de la decisión sobre el caso Dobbs, ahora es fundamental participar activamente en la defensa de la justicia. La justicia reproductiva no es una carga que deba soportar la mujer. Los derechos reproductivos son derechos humanos. Y la lucha por ellos es tanto más importante cuando se cuestiona continuamente la humanidad de ciertas personas.